Las exacciones parafiscales en Ecuador – Fabián Pozo

Las exacciones parafiscales en Ecuador – Fabián Pozo

Existen cargas o contribuciones que sin tener la naturaleza de un tributo propiamente dicho, provienen del poder de imperio estatal y se encuentran establecidos por las leyes. Generalmente, se establecen para financiar una actividad o propósito específico, por lo que su tratamiento presupuestario suele ser también diferente que el de los impuestos y tasas.

Estas cargas se conocen doctrinariamente como exacciones parafiscales o contribuciones para-tributarias, y son cada vez más frecuentes sobre ciertos sectores en el derecho ecuatoriano.

Por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, además de los impuestos, deben pagarse: una contribución del 1% de los ingresos para que se alcance el «servicio universal», una contribución por concentración de mercado (con una tabla progresiva como la del Impuesto a la Renta) que depende de la cuota de participación de mercado de la empresa, además de pagar contribuciones variables anuales por concesión.

En forma similar, el sector cooperativo no financiero debe pagar una contribución de hasta el 5% de las utilidades o excedentes para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Asimismo, el Código Monetario creó una contribución del 0,5% sobre el monto de las operaciones de crédito con tarjeta de crédito, de financiamiento, de compra de cartera, de descuentos de letras de cambio y operaciones de reporto con las entidades del sector financiero privado, controladas por la Superintendencia de Bancos, sobre las personas que las reciban, para destinarse al financiamiento de la lucha contra el Cáncer.

Sin embargo, las cargas parafiscales no se encuentran normadas ni expresamente abordadas por nuestro Código Tributario (valga decir, por ningún otro cuerpo legal), lo que trae algunos problemas para los contribuyentes.

En efecto, para el caso de los impuestos y tributos, el Código Tributario establece normas que tutelan los derechos de lo contribuyentes frente a eventuales abusos o arbitrariedades, por ejemplo, al establecer cómo se debe realizar una reliquidación, en qué tiempo puede realizarse una auditoría de parte de la autoridad encargada, y bajo qué reglas procesales debe actuar. Asimismo, establece mecanismos para solicitar la devolución de lo pagado en exceso o indebidamente, y sanciona con nulidad la vulneración de los derechos del administrado cuando afecten a su derecho a la defensa.

Sin embargo, en el caso de las cargas parafiscales, esto no siempre es así. Generalmente, quedan abiertos y sujetos a discrecionalidad temas como el debido proceso durante una auditoría, en qué plazo puede la Autoridad efectuar una reliquidación y cuanto tiempo puede tomar.

Tomando como ejemplo el caso de las telecomunicaciones, no existe normativa con rango de ley que establezca en qué tiempo caduca la facultad de la autoridad de telecomunicaciones para re-determinar el pago de la contribución del 1% por servicio universal, o cuando una operadora puede solicitar la devolución por pago en exceso de la misma, ni qué ocurre cuando en un procedimiento de reliquidación la autoridad viola los derechos de la empresa al no permitirle defenderse debidamente. Si bien existen normas reglamentarias dispersas, no siempre su aplicación es suficiente para garantizar los derechos de los administrados.

Por esto, y ante la proliferación de estas cargas parafiscales en otros sectores de la economía nacional, resulta imperativo que la ley los contemple -como lo hacen las legislaciones de países como Colombia y España- incorporando un capítulo al respecto al Código Orgánico Tributario o expidiendo una Ley Orgánica, a fin de contribuir a la seguridad jurídica que requiere la inversión nacional y extranjera, particularmente en el caso de los sectores estratégicos.

 

 

Fabián Pozo Neira

Socio |GP

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